Carlos Eduardo Orense Azocar, investigado en Miami por narcotráfico, reconoció ser un homicida

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Carlos Eduardo Orense Azocar, empresario bajo investigación en Miami por sus presuntos nexos con redes del narcotráfico en Venezuela, fue demandado por daños y perjuicios por las hijas de un hombre al que asesinó en una riña en el 2004., según  puede leerse en una resolución judicial del 1 de Julio de 2014.

En el transcurso de la demanda Orense admitió haber perpetrado el homicidio, argumentando haber actuado de esa forma porque su vida se encontraba «bajo amenaza».

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui extensión El Tigre, primero (1) de julio de dos mil catorce

204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL: BP12-V-2007-000684

ASUNTO: BP12-V-2007-000684

SENTENCIA DEFINITIVA: PARCIALMENTE CON LUGAR

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS

CON CONCLUSIONES

PARTE MOTIVA

De conformidad con lo establecido en el articulo 485 de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, se pasa a publicar completa la sentencia definitiva en el presente asunto en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativas, identificando a las partes, los apoderados y apoderadas, los motivos de hechos y de derecho de la decisión así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga. En fecha 04 de junio del año en curso, se celebro la audiencia oral y publica, habiendo este tribunal pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 488-D de la Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes en los siguientes términos:

En la demanda por Daños y Perjuicios, incoada por el ciudadano: ARTURO GUILLEN, venezolano, mayor de edad, titular de las cédulas de identidad Nº 8. 472.425, en su carácter de defensor público, en representación de la niña: ….., respectivamente, hijas del ciudadano C.R.C., quien era venezolano, mayor de edad y portaba la cédula de identidad Nº 3.501.003, quien murió en la ciudad de El Tigre en fecha 12/01/2004. Acción incoada contra el ciudadano C.E.O.A., venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.2017.557, residenciado en al calle Barinas, casa Nº 04-39, Anaco, Estado Anzoátegui,

La parte demandante, expuso en su libelo que en extracto se señalan los hechos fundamentales de relevancia jurídica en los siguientes términos:

Que se desprende del acta de la audiencia preliminar realizada por ante el Tribunal de Primera Instancia Penal, en función de Control Nº 01 del Estado Anzoátegui, por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles, e innobles previsto y sancionado en el articulo 408, ordinal 1, del Código Penal venezolano, que en el desarrollo de la audiencia, el juez consideró que en los hechos en los que resultó muerto el padre de sus representadas, encuadran en el delito de riña, sancionado en el articulo 424 segundo aparte del Código Penal. Alega la parte actora que en el desarrollo del proceso penal antes referido, el imputado, ciudadano C.E.O.A., ya identificado, admitió los hechos por homicidio en riña, de la siguiente manera: “..Admito los hechos por homicidio en riñas que fue lo que sucedió allí, es decir la calificación dada por el Tribunal, admito que actué de esa forma en el curso de la riña y bajo amenaza a mi vida, proferida por C.C.…”; y que de la admisión de tales hechos, permitió que el juez de control sancionara al imputado por comisión del delito de homicidio en riña previsto en el articulo 424, segundo aparte del Código Penal, tal como se desprende de la decisión publicada el 12/01/2004 – expediente Nº 1C-1756-02. En base a lo anterior expuesto el demandante expone que a consecuencia de la muerte del padre de sus representadas, éstas sufren la carestía de afecto, protección moral y económica que, el hoy difunto les dispensaba y que todo lo cual incide negativamente en su calidad de vida y en la conducta psico –afectiva familiar, lo que motivó consulta especializada. Posteriormente alega, fundamentándose en los artículos: 2 , 26 y 78, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 1, 4, 5 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescente; artículos 1185 y 1196 del Código Civil, artículo 113 del Código Penal y 422 del Código Orgánico Procesal Penal, que acude a esta competente autoridad para demandar al ciudadano C.E.O.A., ya identificado, para que pague a sus representadas la cantidad de doscientos cincuenta y dos millones de bolívares ( equivalentes a 252.000,00 bolívares actuales) por concepto de reparación de daños material y la indemnización de perjuicios nacidos de hecho ilícito como consecuencia de la condenatoria penal de la que fue objeto el ciudadano: C.E.O. con ocasión a la muerte del padre de sus mandantes ciudadano C.C.; Primero: reparación de daño moral causado a sus representadas, Segundo: Lucro cesante, en consideración a que la edad promedio de sus representadas es de 14,6 años, estima que a razón de de 500, 00 mil bolívares / mes por cada hijo es igual a 1.500.000 bolívares (equivalente a 1.500,00 bolívares actuales) hasta la edad de 25 años, es decir lo que resta entre la edad promedio y mayoridad de sus representadas en consideración al articulo 384 de la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, que establece que la obligación alimentaria se extiende a los veinticinco años y tal cual es la aspiración de sus representadas la cantidad de 252.000.000,00 (equivalentes a 252.000,00 bolívares actuales), toda vez que su difunto padre era un empresario próspero de la industria petrolera, estimándose la presente demanda por la cantidad de seiscientos millones de bolívares (equivalente a 600.000,00 bolívares actuales) todo esto nacidos de la condenatoria penal a la que fue objeto el ciudadano antes mencionado, en ocasión de la muerte del difunto C.C., ya referido.

En fecha 19 de noviembre de año 2013, el abogado L.A.R.S., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 19.993, actuando de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 168, del Código de Procedimiento Civil, como representante sin poder de la parte demandada ciudadano CARLOS EDUARDO ORENSE AZOCAR, ya identificado, consignó escrito de contestación a la demanda, que en extracto, se señalan los hechos relevantes de importancia jurídica, en los siguientes términos:

Previo a la contestación al fondo de la demanda el abogado L.A.R.S., antes identificado, como punto I explana los argumentos jurídicos que enmarcan su actuación judicial como representante sin poder, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.- Como punto II alega V. procesales y desistimiento del procedimiento, en el cual arguye que la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé la necesidad de contar con Defensores Públicos especiales para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cada localidad donde se constituya un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde no se autoriza a dichos Defensores Públicos a representar a mayores de edad, ni a continua representando en juicios niños, niñas y adolescentes una vez que estos alcanzan su mayoría de edad. Impugna el poder especial que le otorgaron las ciudadanas: N.A.Z. y C.A.A.R., en sus caracteres de representantes legales de las menores, en el que dicho poder fue para representar a las demandantes ante los Tribunales Penales de esta Circunscripción Judicial, por lo que impugna dicho instrumento poder. Y en ese mismo orden de ideas alega el demandado que las entonces niñas y adolescentes antes mencionadas, actualmente son mayores de edad y en consecuencia de ello el referido Defensor Público, la Defensora Pública Suplente y sus progenitoras no pueden representarlas, ni debe permitírseles representación alguna en este juicio, ya que alega que el Defensor Público cesó ipso iure en sus funciones, lo cual origina el desistimiento del procedimiento y la extinción del proceso y así lo solicita sea declarado por el Tribunal.- Por otra parte alega el demandado que la audiencia celebrada en fecha 05 de noviembre de 2013 está viciada de nulidad absoluta la fase de mediación de la Audiencia Preliminar, toda vez que anunciada la misma no comparecieron las accionantes: C.O.C.A., T.M.D.V.C.A. y CARLA DE LA T.C.A., personalmente ni mediante apoderados judiciales debidamente constituidos como ordena la ley.-

Como punto III contesta al fondo de la demanda, a saber:

Que niega, rechaza y contradice tanto los hechos como el derecho plasmados y esgrimidos en la demanda por la parte demandada.

Niega, rechaza y contradice que su representado sea responsable civilmente en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que fue condenado por la comisión del delito de homicidio en riña previstos en sancionado en el articulo 424 segundo aparte del Código Pena, también es muy cierto que el homicidio ocurrió en una riña y bajo amenaza de su vida proferida por C.C., tal como también lo indica la parte actora en su demanda en dicho folio Uno.-

Argumenta que aun cuando la Ley establece que toda persona responsable penalmente por un delito lo es también civilmente y que en virtud de que los hechos ocurrieron en una riña y bajo el temor de que podía perder su vida, es por lo que, está exento de responder civilmente.

Fundamentándose en el artículo 1.188 del Código Civil, y que por el hecho de que su representado por preservar sus vida, esto le revela y lo exime de responsabilidad civil y que en tal razón afirma que no está obligado a reparar los daños o perjuicios.

Argumenta fundamentándose en el articulo 1.189 del Código Civil, que aun en los casos de riña el hecho de que la victima contribuyó a causar el daño, lo cual releva de responsabilidad civil a su representado.

Niega rechaza y contradice que a consecuencia de la muerte de C.C., las demandantes sufran de carestía de afecto, protección moral, y económica, y que eso incide negativamente en su calidad de vida y en su conducta psico afectiva familiar.

Niega, rechaza y contradice e impugna las pruebas marcadas con las letras A, D, E, F, G, H, I, J, K y L, la cuales la parte actora anexó a su demanda.

Niega, rechaza y contradice que su representado deba ser condenado a ello por este tribunal, a pagar la cantidad de doscientos cincuenta y dos mil bolívares, según la ley de reconvención monetaria por concepto de reparación de daños materiales e indemnización de los perjuicios nacidos de hechos ilícitos como consecuencia de la condenatoria penal de la que fue objeto, fundamentándose en el artículo 1.196 del Código Civil y tomándose como parámetro de que las demandantes hoy mayores de edad, no puedan superar la muerte y ausencia de su padre.

Niega, rechaza y contradice que su representado deba pagar por concepto de lucro cesante, la cantidad de 1.500.000,00 (equivalente a 1.500,000 bolívares actuales) hasta la edad de 25 años de las demandantes.

Niega rechaza y contradice la aspiración de las demandantes a la cantidad de 252.000.000,00 (equivalentes a 252.000,00 bolívares actuales), toda vez que su difunto padre era un empresario próspero de la industria petrolera.

Impugna la cantidad de la demanda la cual fue estimada por bolívares 600.000.000, 00 (equivalente a 600. 000 bolívares actuales).

De conformidad a lo establecido en el artículo 474, una vez notificada la parte demandada y certificada la misma por secretaria, se dio inicio a la fase de mediación de la audiencia preliminar, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 467 de la ley orgánica para la protección de niños, niña y adolescente. Vencido el lapso de la fase de mediación, sin que las partes hayan logrado construir un acuerdo satisfactorio, se dio por terminado en forma expresa esa primera fase, iniciándose la fase de sustanciación de la audiencia preliminar. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 474 de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, la parte demandada, tenia la carga procesal de dar contestación al fondo de la demanda, dentro del lapso de 10 días siguientes, a que conste en autos la conclusión de la fase de mediación de la audiencia preliminar.

En este lapso común de 10 día siguientes, arriba referidos, ambas partes, también tenían la carga procesal, de ofrecer los medios de pruebas que consideraran conveniente. Si bien es cierto, que el articulo 474, ejusdem, establece que la parte demandada, debe consignar dos escritos, uno de contestación y otro de medios de pruebas, a pesar de lo establecido en la norma, no opta que la parte demandada presente un solo escrito que contenga los alegatos, defensas y los medios de pruebas ofrecidos, es decir, la contestación de la demanda y los medios de pruebas pertinentes y legales para acreditar los hechos alegados y controvertidos.

En fecha 15 de enero 2014, en la oportunidad procesal para celebrar el inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, a la que se contrae los artículos 473, 474, 475, 476, y 477 de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes con ocasión del presente asunto, cuya acta corre inserta en los folios 220 y 224 de este expediente, en donde se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante en la persona del Defensor Público, abogado ARTURO GUILLEN y las ciudadanas C.O.C., ACOSTA, N.E.A.Z., venezolana, mayores de edad titulares de las cédulas de identidad Nº V-8.874.998 y V-20.740.955, respectivamente, igualmente se dejó constancia de la comparecencia del abogado L.A.R.S., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 19.993, actuando de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 168, del código de procedimiento civil, como representante sin poder de la parte demandada ciudadano CARLOS EDUARDO ORENSE AZOCAR, ya identificado, prolongándose en actas de fecha 17 de marzo de 2014, cursante a los folios 228 al 238 del presente expediente, y de fecha 24 de marzo de 2014, cuya acta corre inserta a los folios 240 al 246 de este expediente, culminando la mencionada audiencia preliminar en fase de sustanciación en acta de fecha 23 de abril de 2014.- Cumplidos con los demás trámites de la mencionada audiencia de sustanciación, se dio por finalizada la misma y se ordenó remitir el presente asunto a este tribunal de juicio.

Una vez recibida en este tribunal, mediante auto de fecha 29 de abril de 2014, se procedió fijar la audiencia oral y pública mediante auto separado, la cual se llevo a cabo efectivamente el día 16 de junio de 2014. Se dejó expresa constancia que la audiencia de juicio fue reproducida a través de los medios audiovisuales, con un equipo de marca HP modelo V5040U, manipulado por el técnico audiovisual, ciudadano D.A.V.P. funcionario adscrito a este Circuito Judicial, tal y como lo prevé el artículo 487 de la ley Orgánica para la protección del niños, niñas y del adolescentes. Cumplido con todos los trámites procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 484, de la misma ley, se desarrolló la audiencia oral y pública, en cuanto a la forma, lugar y tiempo, de igual forma cumplido con las formalidades procesales, se procedió oír las defensas y alegatos de las partes, el control de los medios de pruebas y las correspondientes conclusiones otorgándoles un plazo prudencial.

Esta operadora de justicia, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 450, literales J y k y 485, de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes y el artículo 509 del Código de procedimiento civil, en fundamento en el principio de la exhaustividad de la valoración de los medios de pruebas, que le impone a todo jurisdicente de valorar y analizar todos y cada uno de los medios de pruebas traídos a los autos, por lo que se pasa a valorar el merito de todos los medios de pruebas, es decir, el Thema probandi o Thema probandum aportados por las partes, apreciándolas, según la libre convicción razonada y sin sujeción a las normas del derecho común, pero en todo caso, al analizarla se deberá expresar los principios de equidad y derecho en los cuales se fundamenta la apreciación. Se deberá hacer un análisis de las pruebas en relación a los hechos tenidos como demostrados y no demostrados, del derecho aplicable y de las excepciones planteadas por las partes. En la parte resolutiva de la presente sentencia, se deberá hacer pronunciamiento expreso sobre todas las pretensiones planteadas.

DE LAS PRUEBAS

Parte demandante:

En cuanto a los medios de pruebas promovidos por la parte demandante, concerniente a la evacuación de los medios de PRUEBAS DOCUMENTALES promovidos por Defensor Público Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Abogado ARTURO GUILLÈN, actuando en representación de la parte actora, aportó lo siguientes:

1) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Copia Certificada de Poder Notariado, marcado con la letra “A”, inserto del folio 8 al 12 de la presente causa. Se trata de copia certificada de instrumento poder otorgado al abogado ARTURO GUILLEN, por las ciudadanas: NUNCIA ACOSTA ZAMBRANO y C.A.R., quienes actúan en nombre y representación de sus hijas C.O.C.A. y las adolescentes …., dicho documento fue atacado por la parte demandada por vicios e irregularidades procesales denunciados en el escrito de contestación de la demandada anteriormente esgrimido, impugnando y rechazando la representación ostentada por la Defensa Pública, esta sentenciadora considera que la Defensa Pública ha actuado conforme a las atribuciones que les confiere la ley y por una obligación intrínseca de los principios establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Es decir que actuó enmarcado en las atribuciones de la defensa Pública, ya que para la fecha de la interposición de la presente demanda por ante el Tribunal Civil, éste actuaba en representación de las madres de las niñas actoras las cuales eran menores de edad, advirtiendo que para ese entonces no estaba en vigencia la mencionada ley de Defensa Pública y luego de la entrada en vigencia de dicha ley el Defensor abogado A.G. continuó ejerciendo sus funciones con las atribuciones conferidas en la misma. Igualmente una vez que la niña y las adolescentes actoras alcanzaron la mayoría de edad, este hecho no las excluye de ser amparadas de la competencia especial en materia de menores, tal y como se aprecia que el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

Conforme al dispositivo antes transcrito, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para la fecha en que se inicie la causa, principio éste denominado por la doctrina como perpetuatio iurisdictionis, y que implica que los cambios generados durante el trascurso del proceso no inciden en la competencia del tribunal que esté conociendo del caso.

Partiendo de esa base conceptual, se aprecia que la presente causa se inició el día 30de noviembre de 2005, cuando se presentó la demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS en la cual se encuentra involucradas las ciudadanas: …., respectivamente, hijas del ciudadano:C.C., cumpliendo la mayoría de edad durante su curso, y para entonces estaba vigente la Ley para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, por lo que conforme al razonamiento antes expuesto el tribunal competente para conocer de la causa corresponde al juzgado con competencia en materia de niños y adolescentes.

Declarado lo anterior, se aprecia que la presente causa se inició en el año 2005 y hasta la fecha nueve (09) años después, es por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, garantizando de esa manera el derecho a la tutela judicial efectiva, el asunto fue llevado apegado al principio de la perpetua litis, contemplado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito por lo que esta juzgadora se adhiere a los argumentos jurídicos explanados en acta de fecha 17 de marzo del presente año por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, por que se le otorga valor probatorio al instrumento poder que cursa en autos marcado con la letra “A”. Así se establece.-

2) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Copia Simple de la Declaración de Únicos y Universales Herederos, marcada con la letra “B”, inserto en los folios 13 y 14 de la presente causa. Se trata de copia simple que demuestra el vínculo filial entre el ciudadano: C.R.C., la misma no fue impugnada por la parte demandada, y nada aporta para la solución de la controversia, por lo que se le otorga valor probatorio. Así se establece

3) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Copia Certificada del Acta de audiencia preliminar realizada ante el Tribunal de Primera Instancia Penal, en función de Control Nº 1 del Estado Anzoátegui, marcada con la letra “C”, inserta del folio16 al 36 de la presente causa. Se trata de copia certificada emanada de un Tribunal de Penal de la República Bolivariana de Venezuela de acta de audiencia preliminar debidamente certificada por el funcionario respectivo cumpliendo así con las formalidades de ley, por tanto el Tribunal le confiere a esta documental, el valor probatorio que señala el artículo 1.359 Código Civil, toda vez que la misma fue autorizada con las solemnidades legales de la Secretaría del Tribunal en jurisdicción penal y por tanto hace plena fe, por lo que se le otorga valor probatorio Así se establece

4) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia de estudios de la ciudadana C. de la T.C.A., emitido por el Instituto Educativo Colegio S.P. marcado con la letra “D”, inserto al folio 38 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Estudios emitida el 18 de octubre de 2005 emanada por la Unidad Educativa Colegio San Pedro, San Cristóbal, estado Táchira, a nombre de la ciudadana: C.A., C. DE LA TRINIDAD , quien cursó estudios de B. en dicha Institución correspondiente al año escolar 2005-2006, corre inserta al folio 38. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el presente juicio, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

5) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Certificación de estudios de la ciudadana C. de la T.C.A., emitido por el Instituto Educativo Colegio S.P., marcado con la letra “E”, inserto al folio 39 de la presente causa. Se trata de Original de Certificación de Estudios emitida el 18 de octubre de 2005 emanada por la Unidad Educativa Colegio San Pedro, San Cristóbal, estado Táchira, a nombre de la ciudadana: C.A., C. DE LA TRINIDAD , quien cursó estudios de B. en dicha Institución correspondiente al año escolar 2005-2006, corre inserta al folio 39. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

6) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia del presupuesto del semestre de septiembre de 2005 y febrero de 2006 de la ciudadana T.M.C.A., del Instituto Universitario P.S.M., marcado con la letra “F”, inserto al folio 42 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Presupuesto emitida el 17 de octubre de 2005 emanada por el Instituto Universitario Politécnico “S.M.”, E.S.C., a nombre de la ciudadana: T.M.C.A. , correspondiente al año escolar Septiembre 2005- Febrero 2006, corre inserta al folio 42. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificada en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

7) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia de estudio de la ciudadana C.O.C.A., emitida por la Unidad Educativa Privada CHURUM MERU, marcado con la letra “G”, inserto al folio 43 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Estudios emitida el 25 de octubre de 2005 emanada por la Unidad Educativa Privada “Churum Meru”, a nombre de la ciudadana: C.A., C.O. , quien curso séptimo grado correspondiente al año escolar 2005- 2006, corre inserta al folio 43. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

8) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Presupuesto y matricula escolar del año 2005-2006 de C.O.C.A., marcado con la letra “H”, inserto al folio 44 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Presupuesto emitida el 31 de octubre de 2005 emanada de la Unidad Educativa Privada “Churum Meru”, a nombre de la ciudadana: CEDEÑO, K. correspondiente al año escolar Septiembre-2005 hasta agosto-2006, corre inserta al folio 44. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

9) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Solvencia de pagos del año escolar 2004 y 2005 de C.O.C.A., marcado con la letra “I”, inserto del folio 45 al 53 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Pago, emitida el 20 de septiembre de 2004, por concepto de Seguro Escolar a nombre de la ciudadana: CEDEÑO, K., corre inserta al folio 45. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

10) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia médica marcado con la letra “K”, inserto al folio 55 de la presente causa. Se trata de informes emanados de médicos que se encuentran, que laboran en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME), en un hospital, que por estar adscrito al Ministerio de Educación, son entes administrativos, y, en consecuencia, los documentos suscritos por los funcionarios autorizados para ello tienen la connotación de documentos administrativos, que es distinto al documento privado, naturaleza que le quiere atribuir la parte demandada. Y por ello al tratarse de documentos administrativos quienes lo suscriben, al ser funcionarios públicos, están exentos de lo reglado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

La naturaleza de actos administrativos de este tipo de informes médicos, lo ha explicado la Sala Político Administrativa del T.S.J. en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2005 (st. N° 6556), cuando dijo lo siguiente:

…omissis…

Resulta claro que los informes médicos aportados, “partiendo del contenido del acto en cuestión y del órgano del cual emanan, la Sala estima que tales documentales deben reputarse como documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, desvirtuable mediante prueba en contrario” (SPA, st. N° 0499 del 20.03.2007). Prueba en contrario que está a cargo de quien lo impugna, quien debe desvirtuar la presunción de legitimidad autenticidad y veracidad que sobre ellos obra. En este caso la carga probatoria se encuentra en cabeza de la parte demandada, quien se limitó a impugnarlos mas no desvirtuó la presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad que sobre ellos obra.

Los documentos que emanan de médicos entiéndase estos (informes, reposos, validaciones etcétera), adscritos a hospitales públicos, son documentos que como sabemos no pueden asimilarse a documentos privados, pues estos empleados están facultados para dar fe de los hechos que presencian. Tal es el caso de los médicos del Seguro Social. Documentos que como antes se citó, aun cuando no son estrictamente documentos públicos por una cuestión de mera formalidad, si tienen en juicio la misma valoración que los documentos públicos, y ello debido a que su autorización ha sido dada por un médico que merece fe pública sobre el hecho médico que ha tratado. Por lo que se otorga pleno valor probatorio.- Así se establece.-

11) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia médica, marcado con la letra “L”, inserto al folio 56 de la presente causa. Se trata de informes emanados de médicos que se encuentran, que laboran en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME), en un hospital, que por estar adscrito al Ministerio de Educación son entes administrativos, y, en consecuencia, los documentos suscritos por los funcionarios autorizados para ello tienen la connotación de documentos administrativos, que es distinto al documento privado, naturaleza que le quiere atribuir la parte demandada. Y por ello al tratarse de documentos administrativos quienes lo suscriben, al ser funcionarios públicos, están exentos de lo reglado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

La naturaleza de actos administrativos de este tipo de informes médicos, lo ha explicado la Sala Político Administrativa del T.S.J. en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2005 (st. N° 6556), cuando dijo lo siguiente:

…omissis…

Resulta claro que los informes médicos aportados, “partiendo del contenido del acto en cuestión y del órgano del cual emanan, la Sala estima que tales documentales deben reputarse como documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, desvirtuable mediante prueba en contrario” (SPA, st. N° 0499 del 20.03.2007). Prueba en contrario que está a cargo de quien lo impugna, quien debe desvirtuar la presunción de legitimidad autenticidad y veracidad que sobre ellos obra. En este caso la carga probatoria se encuentra en cabeza de la parte demandada, quien se limitó a impugnarlos mas no desvirtuó la presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad que sobre ellos obra.

Los documentos que emanan de médicos entiéndase estos (informes, reposos, validaciones etcétera), adscritos a hospitales públicos, son documentos que como sabemos no pueden asimilarse a documentos privados, pues estos empleados están facultados para dar fe de los hechos que presencian. Tal es el caso de los médicos del Seguro Social. Documentos que como antes se citó, aun cuando no son estrictamente documentos públicos por una cuestión de mera formalidad, si tienen en juicio la misma valoración que los documentos públicos, y ello debido a que su autorización ha sido dada por un médico que merece fe pública sobre el hecho médico que ha tratado. Por lo que se otorga pleno valor probatorio.- Así se establece.-.

12) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia De estudio inserto al folio 190 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Estudios emitida el 15 de noviembre de 2013 por la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, a nombre de la ciudadana: C.A.C.O., quien es alumna de dicha Institución en la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial Civil correspondiente al periodo académico 2-2013 comprendido entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, corre inserta al folio 190. 13). No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia de estudio, marcado con el número “2”, inserto al folio 191 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Estudios emitida el 13 de noviembre de 2013 por la Universidad Alonso de Ojeda, a nombre de la ciudadana: T.M.D.V.C.A., quien está inscrita en dicha Institución en la carrera de Administración Mención Gerencia y mercadeo, corre inserta al folio 191. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

14) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso P. de inscripción de la ciudadana T.M. delV.C.A., marcado con el número “3”, inserto al folio 192 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Planilla de Inscripción de Estudios emitida el 30 de agosto de 2013 por la Universidad Alonso de Ojeda, a nombre de la ciudadana: T.M.D.V.C.A., quien está inscrita en dicha Institución en la carrera de Administración Mención Gerencia y mercadeo, corre inserta al folio 192. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, que no es parte en el proceso, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

15) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia de estudios, marcado con el número “4”, inserto al folio 193 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia de Inscripción de Estudios emitida el 14 de noviembre de 2013 por la Universidad Alonso de Ojeda, a nombre de la ciudadana: C.A.C. DE LA TRINIDAD, quien cursó estudios en dicha Institución en la carrera de Enfermería, corre inserta al folio 193. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento privado suscrito por un tercero, el cual debe ser ratificado en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.-

16) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia de estudios, marcado con el número “5”, inserto al folio 194 de la presente causa. Se trata de Original de Informe de Calificaciones emitida el 15 de noviembre de 2013 por el Instituto Universitario de Tecnología J.P.P.A., a nombre de la ciudadana: C.A., C.T., quien cursó estudios en dicha Institución, corre inserta al folio 194. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento suscrito por un tercero, la cual debe ser ratificada en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.-

17) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Constancia certificada por el D.S.G., marcado con el número “5”, inserto al folio 195 de la presente causa. Se trata de Original de Constancia Médica, sin fecha, expedida por la Policlínica “Táchira”, a nombre de la ciudadana: T.C.A., corre inserta al folio 195. No se le otorga valor probatorio, por cuanto constituye un documento suscrito por un tercero, la cual debe ser ratificada en su contenido mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.-

18) Promovió, reprodujo e hizo valer para que las mismas sean incorporadas al proceso Comprobantes bancarios, inserto en los folios 196, 197, 198, 199, 200, 205, 210, 211 y 212 del expediente. En el caso de los depósitos bancarios figura como depositante el accionante quien acompañó como medio de prueba dichos depósitos o planillas de depósitos con el propósito de probar el pago de estudios. No obstante el accionado estima que estos depósitos deben ser ratificados mediante la prueba de testigo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que constituye un documento emanado de un tercero. Ahora bien asiente, esta juzgadora, que los depósitos bancarios no son documentos que se forman de manera unilateral por parte de un tercero, los bancos. En su formación participan el depositante y el banco, quien recibe el dinero en nombre de su mandante -el titular de la cuenta- y certifica el depósito mediante símbolos y validación propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma, por lo que se constata que los mismos encuadran dentro de los medios probatorios llamados tarjas (…) si bien es cierto que las planillas de depósitos no constituyen un medio de prueba libre, por ser asimilable a las tarjas y por ende ser un medio de prueba consagrado en forma particular en la ley, respecto del cual existe regla legal expresa que regula su eficacia probatoria, como lo es el artículo 1.383 del Código Civil, se trata de un medio eficaz capaz de dar fe de su contenido, el cual demuestra un hecho, mas no demuestra el daño material causado ya que los mismos se soportan de los estados de cuentas y constancias que no fueron ratificadas como se dijo, siguiendo las normas contempladas en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en su artículo 431, por lo que nada aportan a la solución de la presente controversia, y como consecuencia de ello no se le otorga pleno valor probatorio.- Y así se establece.-

Lea la resolución completa https://vlexvenezuela.com/vid/carlos-ramon-cedea-eduardo-orense-azocar-519013946

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