Así son las acusaciones «monopólicas» contra el boligarca Jorge Plaza Marquez

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En el año 2016, Servimeca Sand Control, empresa “rojita” presidida por Jorge Plaza junto a Angélica Quiroz y Gustavo Salomón y domiciliada en El Tigre, fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la mayor dependencia administrativa de los llamados “guisos rojos”.

Empresa que desee ofrecer sus servicios a la administración pública debe estar registrada en este sistema, al que resulta complicado acceder, excepto cuando se cuenta con contactos de alto rango.

Claro que Servimeca, desempeñaba funciones para el ahora gobierno madurista, meses antes de este registro, pues en enero de 2016 el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz y el ministro de Minería y Petróleo, Eulogio Del Pino inauguraban en El Tigre la empresa Mixta Ranurados de Tuberías Orinoco, la que cuenta con un capital mixto, que está conformado en un 20% de Pdvsa y un 80% de la empresa Servimeca.

Del Pino aclaró que se trataba de una nueva manera de relacionar al sector privado nacional y al gobierno en una alianza entre la pequeña y mediana industria promovida por Fedeindustria y Pdvsa.

Y fue así, como el mismo Jorge Plaza Márquez que se había visto envuelto en un escándalo laboral que le había costado la expropiación de su empresa por parte del gobierno, se involucraba nuevamente y de forma voluntaria con su propio verdugo.

¿Significaba esto una muestra de arrepentimiento? Posiblemente. Aunque todo apunta a que en realidad Jorge Plaza había escogido a los funcionarios incorrectos en su búsqueda por incrementar su capital empresarial.

El general Zambrano Mata, el “padrino de Plaza” 

En un estado militar como fue el de Hugo Chávez y como sigue intentando ser el de Nicolás Maduro, quienes mandan son los más poderosos castrenses. Al menos es así, en este terreno donde los guisos son color rojo o en su defecto, verde militar.

Cuando el general Jesús Zambrano Mata llegó a la presidencia de Ferrominera Orinoco en el año 2013, la primera instrucción que dio fue contratar como asesores al señor Jorge Plaza y Gerardo Ramírez.

Tras su destitución en abril 2016, se iniciaron una serie de investigaciones por la pérdida de más de 100 millones de dólares durante su gestión, en la que por supuesto se ve involucrado Jorge Plaza Márquez.

Las denuncias de corrupción en la empresa básica serán investigadas por una Comisión de Minas de la Asamblea Nacional, que ha indicado que irán hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, Plaza no ha dado la cara ante las acusaciones de monopolio gubernamental y se mantiene cubierto por un padrino superior a quien evidentemente suplanta jurídicamente.

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