Las víctimas ponen cara a los torturadores de la inteligencia militar de Venezuela

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El mayor José Sánchez Castro y los capitanes Néstor Blanco Hurtado y Jonathan Becerra, alias «Piraña», son los siniestros oficiales que se encargan de ejecutar con sus propias manos las torturas a los detenidos y secuestrados en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim) en Boleíta (Caracas), según la directora del Instituto Casla, la abogada de derechos humanos Tamara Suju. De allí proceden las imágenes de vídeo que ABC adelantó este miércoles, en las que se puede apreciar el trato brutal que se da a los confinados.

Por Manuel Trillo / ABC.es

Suju, que había dado a conocer el vídeo durante una rueda de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, divulgó este jueves también las imágenes de los tres torturadores. «La gente cree que los que torturan son militares de bajo rango, pero se trata de mayores y capitanes», asegura Suju a este diario por teléfono desde la capital estadounidense. Según indica, el capitán apodado «Piraña», por ejemplo, es el que se encarga de aplicar las descargas eléctricas y de la violación de los detenidos. «Es el más sádico», denuncia.

La abogada explica que este grupo de miembros de la inteligencia militar que se dedica a torturar está a cargo del coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director del centro del Dgcim en Boleíta, a las órdenes a su vez del director del Dgcim, Iván Hernández Dala. «Toda la cadena de mando del Dgcim sabe lo que pasa en estos sótanos, y lo saben Néstor Reverol,(ministro del Interior del gobierno ilegítimo), Vladimir Padrino López (Defensa) y Nicolás Maduro (presidente)», sostiene.

Entre los torturados en las instalaciones del Dgcim no solo hay militares, sino también civiles, denuncia Tamara Suju. Y no se trata únicamente de presos políticos, sino que hay también personas que permanecen allí secuestradas después de que se les extorsione y se nieguen a pagar la «vacuna», es decir, el dinero que se les exige como condición para no llevárselos. «El secuestro está en manos de los organismos de inteligencia, que extorsiona a empresarios y ganaderos con dinero», advierte.

El aparato de tortura del régimen de Maduro está estrechamente vinculado con cubanos enviados desde la isla, que son quienes se encargan de adiestrar a los funcionarios de los organismos de inteligencia para llevar a cabo estas prácticas. Precisamente, el testigo que detalló este miércoles por videoconferencia en la sesión de la OEA las torturas que se realizan en la sede del Dgcim, el teniente de aviación desertor Ronald Dugarte, reveló que él mismo había sido entrenado por un agente cubano para perseguir y reprimir y que este le especificó a quién le tocaba perseguir. En este sentido, hay incluso centros de torturas clandestinas dirigidos precisamente por cubanos, denunció.

Por otra parte, en el mismo edificio del Dgcim donde se tortura tienen oficinas los fiscales que ejecutan las órdenes de persecución y encarcelamiento. Suju identificó a dos de ellos, Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante. «Imagine el grado de impunidad que hay», comentó a ABC.

Denuncia ante la Corte Penal Internacional

Tamara Suju -que ha sido recientemente designada embajadora en Praga por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó- incorporará estos nombres a la larga lista de cargos y excargos del chavismo que conforman la cadena de mando de la violación de derechos humanos en Venezuela y que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Desde que empezó a trabajar en esta denuncia en julio de 2016, ya cuenta con 190 acusados, entre los que se incluye la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega.

Entre los últimos en añadir a la lista está la ministra de Maduro para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, por la represión, apoyada en los «colectivos» paramilitares, a lo largo de los pasados meses de enero y febrero, que se saldaron con 43 muertos, además de cientos de heridos y casi mil detenidos. Según Suju, 26 de esas muertes se atribuen a organismos de seguridad y paramilitares.

El Instituto Casla, con sede en Praga y que dirige esta abogada de derechos humanos, ha llegado a un acuerdo de alerta temprana con la OEA para la «identificación preventiva» de violaciones de derechos humanos en América Latina para evitar que sean masivas y recurrentes y se transformen en crímenes de lesa humanidad, como sucede en Venezuela y Nicaragua.

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