Declaración de Quito insta a región a seguir acogiendo emigrantes venezolanos

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El documento “contiene la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil” en Venezuela

El encuentro regional de Quito sobre la emigración venezolana concluyó este martes con una declaración de voluntad por parte de los trece países participantes a seguir acogiendo emigrantes dentro de un sentido de “hermandad” y “solidaridad”.

El documento “contiene la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.

Director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Bustamante destacó que se seguirá prestando asistencia a aquellos que “buscan encontrar la acogida de nuestra comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad”.

El encuentro, que reunió a representantes de trece países, incluido República Dominicana con carácter de observador, según fuentes de la Cancillería, terminó este martes en Quito con la firma de una declaración de intenciones por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El que es el primer encuentro de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de la de la Bolivia que, según la Cancillería, no puso su firma al documento.

Tampoco lo hizo República Dominicana por su carácter de observador.

En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que “todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (..) hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria”.

La declaración también “exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”, según el texto difundido.

Y menciona entre ellas la concesión regularizada de “cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado”.

Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra los emigrantes y la xenofobia, pero también destinada a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.

El representante chileno, Raul Sanuhueza, reconoció en ese sentido que le habría gustado “ir un poco más allá” en la declaración y “en reconocer que esto no vino del cielo”.

“No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis”, manifestó en su intervención de cierre.

Por ello consideró imprescindible “apoyar a esos migrantes y apoyar a la comunidad de acogida”, dando seguridad a ambos.

“La delegación de Quito cumple plenamente el objetivo fijado que es dar a cada uno lo que es suyo: al migrante venezolano darle tranquilidad y esperanza, y a la comunidad de acogida darle seguridad y confort”, sentenció.

Por su parte, José Javier Samaniego, representante de ACNUR, valoró que los resultados de la reunión “constituyen una verdadera hoja de ruta” y expresó la plena disposición de su organización de “seguir trabajando con los Estados” y apoyar “las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración”.

Aquí el texto del documento aprobado.

DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE MOVILIDAD HUMANA DE CIUDADANOS VENEZOLANOS EN LA REGIÓN

Los representantes de los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, reunidos en la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de septiembre de 2018, con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región, acuerdan:

1.            Destacar los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas aquejadas por enfermedades graves, entre otros.

2.            Continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno, con la provisión de asistencia humanitaria; acceso a mecanismos de permanencia regular, incluyendo la consideración de procesos de regularización migratoria; combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes; lucha contra la violencia sexual y de género; protección infantil; rechazo a la discriminación y la xenofobia; acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado; y, en general, continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables.

3.            Reconocer la importancia de la cooperación técnica y financiera proporcionada por los Estados cooperantes y/o los Organismos Internacionales especializados, según corresponda, para atender en los espacios nacionales de cada Estado los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos en la región.

4.            Urgir a que dicha cooperación y recursos se incrementen sustancialmente, de acuerdo a los requerimientos del volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región, y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria.

5.            Exhortar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado: limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular.

6.            De acuerdo con la legislación nacional de cada país, acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios.

7.            Establecer un programa regional, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, particularmente la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, para el intercambio oportuno, a través de las instancias nacionales competentes, de información pertinente de migrantes venezolanos, tendiente a prestar la ayuda humanitaria y lograr una migración ordenada y segura.

8.            Disponer que los Estados de la región coordinen esfuerzos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y otros organismos internacionales, a fin de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, dentro del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos y de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes.

9.            Ratificar el compromiso de los Estados de la región de conformidad con la disponibilidad de recursos públicos, la realidad económica, la normativa interna y las posibilidades de cada país de acogida, de proveer a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, el acceso a los servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los sistemas de justicia.

10.          Reconocer que un volumen considerable de migración pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio hacia esos dos países.

11.          De encontrarlo necesario, fortalecer la normativa jurídica – legal, reglamentaria y administrativa- de los Estados de la región, a fin de optimizar las políticas diseñadas para promover y respetar los derechos de los migrantes venezolanos en los países de tránsito y acogida.

12.          Ratificar los compromisos de los Estados de la región respecto a la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia e implementar, en la medida de lo posible para cada país, iniciativas y esfuerzos estatales, individuales y/o conjuntos, en dicho sentido.

13.          Reiteran su preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos, abordada en esta reunión, y hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados.

14.          Los Estados concuerdan en cooperar mutuamente para atender a sus nacionales y exhortan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela.

15.          Convenir en la realización de una nueva Reunión sobre Movilidad Humana, enfocada en la crítica situación de los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos, en principio, para la segunda semana de noviembre, en la ciudad de Quito, para dar seguimiento a los compromisos consignados en la presente Declaración.

16.          Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario. Igualmente, en los ámbitos de la Conferencia Regional de Migraciones, y la Conferencia Sudamericana de Migraciones.

17.          Agradecer la participación de todos los Organismos Internacionales presentes en esta Reunión Regional.

18.          Agradecer especialmente al Gobierno de la República del Ecuador por la oportuna convocatoria de la reunión y la hospitalidad durante esta jornada de trabajo.

Quito, 4 de septiembre de 2018.

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